Por Mina Moreno e Ik Rodríguez
No les interesa el voto de los locos, por eso no hay leyes que los protejan.”
— Paciente anónimo con TDAH
Esa frase resume algo que se repite, con nombres distintos, en cada persona neurodivergente con la que se habla en México: la misma sensación de exclusión y desamparo, contada de formas distintas. Antes de los datos, van dos ejemplos:
Mina Moreno, coautora de este reportaje, recuerda a su madre contando que, de niña, por su dislexia, le ponían orejas de burro en la escuela y la trataban como si fuera tonta por no leer al ritmo de los demás.
Ik Rodríguez, coautor de este reportaje, recuerda que en la primaria lo amordazaban con cinta canela y lo amarraban con una cuerda a su pupitre para que dejara de hablar y se quedara quieto en clase.
La dislexia y el TDAH son neurodivergencias distintas, pero el patrón que describen quienes las viven, el de ser tratados como un problema de conducta antes que, de salud, es el mismo. De ahí en adelante, dejamos las historias y vamos a los datos.
Lamentablemente, en México las neurodivergencias, como el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), la dislexia o la dispraxia, entre otras, no han sido atendidas como una prioridad, ni a nivel nacional ni en la Ciudad de México, como el problema de salud pública que representan.
En este reportaje nos enfocamos en el TDAH y en la cascada de fallas estructurales que lo rodean en el país. No se trata solo de fallas legislativas, médicas y de medicamentos: el fenómeno también es global. Solo que en México el golpe pega más fuerte.
Millones, no casos aislados
La prevalencia global agrupada de TDAH en población infantojuvenil es de aproximadamente 8.0%. No hablamos de cientos ni de miles, sino de millones de niñas, niños, adolescentes y adultos que no son atendidos ni medicados porque nunca fueron diagnosticados. En México las estimaciones van del 5% al 16%, según la metodología utilizada, porque no existe un registro nacional.
A esto se suma que en el país se consume medicamento para TDAH diecisiete veces menos que en los países de ingreso alto. Parte de esa brecha no nace en México: el metilfenidato ha sido rechazado tres veces, en 2019, 2021 y mayo de 2025, por el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud para entrar en su Lista de Medicamentos Esenciales, lo que desincentiva su compra pública en todo el mundo. Pero que el problema sea global no exime al Estado mexicano: la otra parte de esa brecha sí es enteramente local, y de eso trata este reportaje.
El tratamiento farmacológico se asocia con una reducción de la mortalidad por todas las causas, así como de las conductas suicidas, el uso de sustancias, las lesiones accidentales y la criminalidad, de acuerdo con estudios que emplean metodología de emulación de ensayos clínicos sobre registros nacionales suecos, una investigación con más de 148 mil personas diagnosticadas con TDAH que encontró que suspender el medicamento de forma abrupta se asocia con un aumento en las conductas de riesgo, incluidas las tendencias suicidas.
En México existen pocos estudios al respecto. Uno de ellos es el de Martínez-Jaime y Reyes-Morales, realizado en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y publicado en Salud Pública de México. Su hallazgo central: la falta de percepción del TDAH como problema de salud es la barrera determinante para el acceso inicial, antes de cualquier obstáculo de costo, distancia o disponibilidad de especialista. Es un obstáculo cognitivo en quien cuida al menor, que interpreta los síntomas nucleares como un problema conductual o de crianza.
Un estudio multinacional coordinado desde el Instituto Nacional de Psiquiatría, publicado en 2013, mostró que, si bien los docentes identifican el TDAH como una condición médica, el reconocimiento de sus bases neurobiológicas es limitado, con diferencias significativas entre países latinoamericanos. Un estudio comparativo posterior entre México y Argentina confirmó el patrón. Y dado que el maestro suele ser, según la trayectoria descrita por Martínez-Jaime y Reyes-Morales, el primer detector, esa limitación en su formación constituye un punto de falla identificable dentro del sistema.
Estas barreras específicas del TDAH se inscriben en un contexto más amplio: la brecha de atención en salud mental en México, ampliamente documentada en la literatura nacional, caracterizada por la concentración de la atención en el tercer nivel hospitalario, la escasa integración de la salud mental en el primer nivel de atención, y una asignación presupuestal desproporcionadamente baja respecto de la carga de la enfermedad.
Y eso es solo lo que ocurre con niñas, niños y adolescentes: la situación se complica todavía más con los adultos no diagnosticados. La omisión de legislar y de entender el TDAH como un problema de salud nacional se agrava y repercute en la vida de miles y miles de personas en México.
Cuando una decisión regulatoria sin plan de contingencia afecta a los pacientes
En enero de 2023, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) suspendió parcialmente las operaciones de Psicofarma, el proveedor más importante del país para medicamentos de trastornos mentales, por irregularidades técnicas y administrativas consignadas en una Carta de Hallazgos, tras visitas de verificación a sus plantas. Así inició un vía crucis para los pacientes con TDAH: se generó un desabasto nacional sin que se implementara un plan de contingencia para quienes vivían con depresión, ansiedad, TDAH, psicosis, o seguían tratamiento con metadona, quienes tuvieron que suspender sus tratamientos de un día para otro.
Fue una falla gubernamental con consecuencias gravísimas para los pacientes y sus familias, y que abrió una laguna terrible en el sistema de salud a nivel nacional. Después de esa omisión, en mayo se autorizó la comercialización nacional de diversos lotes de medicamentos, como clonazepam, amitriptilina, alprazolam, zolpidem, litio, metilfenidato y la combinación amitriptilina/diazepam/perfenazina, incluida su presentación de liberación prolongada, conforme al numeral 7.7.1 de la NOM-220-SSA1-2016, tras cinco meses de desabasto.
Entre 2021 y 2024, los medicamentos de salud mental encabezaron de manera recurrente los reportes de desabasto de las organizaciones civiles de monitoreo, desplazando en ciertos periodos a los oncológicos de su primer lugar histórico. En noviembre de 2025, el Colectivo Unidos por la Salud Mental reportó desabasto activo de metilfenidato, carbonato de litio, gabapentina, amitriptilina y clozapina, en el contexto de la anulación de la licitación pública consolidada de medicamentos para el periodo 2025-2026.
El desabasto continúa en lo que va de este año, y es casi absoluto en medicamentos de alta especialidad, lo cual contrasta con el discurso oficial, porque se está utilizando un patrón de sustitución en el abasto público: el surtimiento masivo de claves de menor costo, como sertralina o citalopram. Así quedó documentado en la investigación publicada el 17 de julio de 2026 por el portal Los Ángeles Press, bajo el título “El costo de la cordura: desabasto psiquiátrico en Guanajuato”.
La fragilidad del proveedor único
El metilfenidato es una sustancia psicotrópica sujeta a control especial, con un régimen de producción, cuotas y distribución sustancialmente más restrictivo que el de otros medicamentos. Ese régimen, justificado por el potencial de desvío, produce como efecto estructural la concentración de la producción nacional en un número muy reducido de fabricantes autorizados.
El episodio de 2023 puso al descubierto que la suspensión regulatoria de un solo laboratorio produjo cinco meses de desabasto nacional, y que su resolución requirió tres autorizaciones extraordinarias sucesivas de la autoridad sanitaria para liberar casi diez millones de cajas retenidas. El patrón se repitió en 2025-2026 por una causa distinta, la anulación de la licitación consolidada, sobre la misma vulnerabilidad estructural.
Esta fragilidad es analíticamente distinta del desabasto general de medicamentos: no se resuelve incrementando el presupuesto, sino diversificando la base de proveedores autorizados y estableciendo mecanismos de reserva estratégica para claves críticas de proveedor único. Es un problema de diseño regulatorio, no de suficiencia financiera.
Congreso de la Ciudad de México: legislar solo para algunos
El 24 de octubre de 2024, los diputados Lizzette Salgado Viramontes y Pablo Trejo Pérez presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la “Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas Neurodiversas para la Ciudad de México”, la cual fue turnada a comisiones por no considerarse de obvia y pronta resolución; es decir, quedó congelada al no contar con el respaldo de la mayoría parlamentaria.
Este octubre de 2026 la iniciativa cumplirá dos años congelada, por no ser un tema de interés prioritario para el gobierno de la Ciudad. Y aunque se descongelara mañana, el texto tal como fue presentado seguiría sin resolver lo esencial para las personas con TDAH:
Sin garantía de medicamento. No existe obligación explícita del sector salud de la Ciudad de México de mantener existencias de metilfenidato y atomoxetina en el sistema público, ni una revisión del esquema de recetario especial para pacientes estables que permita una renovación menos frecuente.
Sin protocolo escolar propio. No hay un protocolo específico para TDAH, distinto del de autismo, con ajustes un razonables definidos, tiempo extra en evaluaciones, pausas de movimiento, reubicación en el aula, ni capacitación docente en manejo conductual de atención e hiperactividad. USAER, la instancia que hoy decide esto en la práctica, no aparece mencionada.
Sin personas adultas. No hay un capítulo o disposiciones específicas para el diagnóstico tardío ni para ajustes razonables laborales en la vida adulta.
Sin datos propios. No existe un sistema de vigilancia epidemiológica local, pese a que el propio artículo 15, fracción IX, de la iniciativa ya prevé la posibilidad de crearlo.
Todo esto deja a las personas con TEA, TDAH, dislexia y dispraxia en total vulnerabilidad estructural. A eso se suma la negativa a realizar una consulta previa vinculante, con calendario, donde los colectivos y las personas neurodivergentes puedan expresar sus casos y aportar a la iniciativa las realidades que viven día a día.
En un mundo donde ser diferente genera incomprensión y discriminación, donde se margina a las neurodivergencias, la III Legislatura podría volver a hacer la diferencia, como lo hizo con la Ley de Cuidados.
No se trata solo de justicia social, sino, sobre todo, de garantizar el acceso a la salud, a la medicación y a la asistencia de niñas, niños, adolescentes y adultos con TDAH y otras neurodivergencias: un derecho reconocido en el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y obligatorio para el Estado mexicano.
Tras décadas de ignorar a las personas neurodivergentes, es tiempo de hacer la diferencia desde la Ciudad de México.