La asociación señala presunta parcialidad de la autoridad ambiental entre zoológicos y Fundación Invictus.
Ciudad de México, a 25 de junio de 2026. – La muerte de la osa Mina, ocurrida nueve meses después de su traslado a Fundación Invictus, escaló a un nuevo nivel de confrontación luego de que la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) acusó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de actuar con criterios desiguales y ejercer un trato que calificó como arbitrario hacia instituciones zoológicas y organizaciones privadas.
La agrupación exigió la publicación íntegra del expediente clínico del ejemplar, transparencia en el uso de donativos y una investigación independiente sobre el manejo del caso.
A través de un posicionamiento público, la organización presidida por Ernesto Zazueta Zazueta cuestionó que mientras el zoológico La Pastora fue exhibido mediáticamente y sujeto a medidas de clausura, Fundación Invictus, bajo cuyo resguardo falleció Mina, recibió un reconocimiento institucional por parte de la autoridad ambiental. La asociación consideró contradictorio que, antes de exigir una revisión técnica y administrativa, se emitieran mensajes públicos de agradecimiento hacia la fundación.
“Esto es inaceptable. A los zoológicos se nos juzga, se nos hacen miles de exigencias cada día, se nos clausura y se nos expone públicamente sin investigar la verdad. Pero cuando una fundación cercana a la Procuradora recibe un animal, pide dinero a la gente y el animal finalmente se les muere, entonces la Profepa les aplaude y se les agradece”, declaró Zazueta.
La AZCARM sostuvo que existen diversos cuestionamientos pendientes sobre el caso, entre ellos el monto total de recursos obtenidos mediante campañas de donación, el destino de esos fondos, los tratamientos médicos aplicados, la participación de especialistas y los resultados completos de la necropsia practicada a la osa.
La organización señaló que, en casos similares relacionados con zoológicos, la actuación institucional suele traducirse en sanciones inmediatas y procesos administrativos visibles, por lo que pidió que el mismo criterio sea aplicado a cualquier organización involucrada en el cuidado y manejo de fauna silvestre.
“La Profepa no puede comportarse como juez implacable con las instituciones zoológicas y como agencia de relaciones públicas de una fundación privada. Si Mina murió bajo resguardo de Invictus, lo mínimo que debe existir es una investigación seria, independiente y pública”, expresó el dirigente.
Asimismo, la asociación pidió esclarecer la relación institucional entre Fundación Invictus y la titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, así como conocer los criterios utilizados para seleccionar a dicha organización como responsable del resguardo del ejemplar y determinar si existió algún tipo de respaldo o trato preferencial.
La AZCARM advirtió que el caso no debe cerrarse únicamente con comunicados o mensajes institucionales y sostuvo que la muerte de un animal cuya atención estuvo acompañada por campañas públicas de apoyo económico requiere mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.
“La ley no puede aplicarse según simpatías, amistades o afinidades ideológicas”, afirmó Ernesto Zazueta, quien concluyó que las instituciones zoológicas merecen condiciones de igualdad y procesos objetivos en la aplicación de medidas por parte de la autoridad ambiental.