● Morena presentará denuncia penal por el derrumbe en Minería 145; exhibe corrupción inmobiliaria en Miguel Hidalgo.
El diputado Víctor Hugo Romo anunció que el Grupo Parlamentario de Morena presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe; contra César Garrido, director jurídico y de gobierno de la demarcación; y contra el director de Protección Civil de la alcaldía, por el colapso de un inmueble en demolición en Minería 145, esquina Viaducto, colonia Escandón, donde los escombros rebasaron el predio y alcanzaron la vía pública, con afectación a arbolado, vehículos y riesgo para peatones, trabajadores y vecinos; se reportó además una persona lesionada.
«Esto no debe quedar como una nota de coyuntura, sino fincar responsabilidades a los funcionarios», afirmó Romo, quien precisó que la denuncia exigirá el expediente completo del caso, incluyendo la licencia MHLE/D/059/2026, el expediente FMH-016-2026 y las responsivas técnicas y DRO correspondientes.
El legislador recordó que en su momento ya se había señalado la existencia de una red de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, conocida como Cártel Inmobiliario, cuyo señalamiento como líder recayó en Jorge Romero, presidente nacional del PAN. Romo advirtió que ese mismo patrón de irregularidades se repite en Miguel Hidalgo, alcaldía donde se han documentado más de 120 pisos irregulares y un incremento de 183% en pisos adicionales ilegales, de acuerdo con reportes basados en información de la PAOT.
El diputado explicó que se trata de una obra tipo C, para la cual la ley exige un protocolo de supervisión a cargo de Protección Civil y de la propia alcaldía. Señaló que el alcalde Tabe confirmó públicamente que el inmueble contaba con permiso y que la alcaldía tenía conocimiento previo de la demolición, lo cual, dijo, «no es una explicación, es el punto de partida de la responsabilidad».
De acuerdo con la cronología presentada, desde enero de 2026 hubo reuniones entre representantes del inmueble y la alcaldía; el 15 de julio se reconoció públicamente la vigencia de la Licencia Especial de Demolición, y el 11 de agosto ocurrió el colapso. «No se trata de echar culpas, sino de aclarar quién autorizó, quién supervisó y si lo hizo», subrayó Romo, quien recordó que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en sus artículos 32 y 42, obliga a las alcaldías a permitir, verificar y sancionar en materia de obra pública y desarrollo urbano.
Como parte de la denuncia, el legislador planteó las preguntas que Tabe y Garrido deberán responder ante la ciudadanía: ¿quién autorizó la demolición y bajo qué dictamen técnico?, ¿cuántas visitas de verificación realizó la alcaldía antes del colapso?, ¿dónde están las actas y medidas de seguridad exigidas?, ¿por qué los escombros llegaron hasta Viaducto?, ¿qué sanciones o procedimientos inició la alcaldía después del hecho?, y ¿quién se beneficia del desarrollo inmobiliario, de casi 45 mil metros cuadrados, previsto para ese predio?