La iniciativa busca reformar la Ley Federal del Trabajo en materia de libertad sindical, negociación colectiva y fortalecimiento de autoridades laborales
Plantea dotar de mayores facultades sancionadoras al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
El diputado Juan Rubio Gualito, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para ser remitida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la cual plantea un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. La propuesta busca consolidar el modelo de justicia laboral implementado en 2019 y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en el Capítulo Laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La iniciativa establece medidas para prevenir y sancionar prácticas que vulneren la libertad sindical, entre ellas actos de discriminación antisindical por parte de personas empleadoras o sus representantes. Asimismo, propone fortalecer la democracia sindical, ampliar las sanciones aplicables a organizaciones gremiales que incumplan obligaciones legales y garantizar que las personas trabajadoras puedan participar libremente en todos los procesos de decisión interna de sus sindicatos.
De igual forma, se busca agilizar el acceso a la justicia al eliminar trámites burocráticos innecesarios para personas trabajadoras y jubiladas. Con esta reforma, quienes reclamen su pensión de vejez o la devolución de sus ahorros del IMSS, INFONAVIT o AFORE ya no estarán obligadas a pasar por una etapa previa de conciliación que suele retrasar el proceso, permitiéndoles acudir directamente ante los jueces laborales para resolver su situación de forma más rápida. Además, se propone otorgar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la facultad directa de imponer multas y castigar a quienes interfieran en las decisiones de los trabajadores.
La protección de la libertad sindical y la negociación colectiva constituye una obligación constitucional y un compromiso asumido en la Cuarta Transformación. Por ello, la reforma busca fortalecer las herramientas institucionales para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos y consolidar un modelo laboral basado en la democracia sindical, transparencia y justicia para las y los trabajadores.