Proponen en el Congreso de la CDMX regular con claridad el transporte de pasajeros en motocicleta ante la incidencia de accidentes en esta modalidad de transporte.
La iniciativa busca precisar la Ley de Movilidad para evitar que las plataformas digitales eludan las restricciones vigentes
Durante el primer trimestre de 2025 se registraron más de 7 mil 500 colisiones con motocicletas en la Ciudad de México
La diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Movilidad local y establecer con claridad la prohibición y sanción del transporte de pasajeros en motocicleta.
La propuesta plantea que la contratación mediante plataformas digitales, la modalidad bajo la cual se ofrezca el servicio o su clasificación como transporte privado no permitan evadir las disposiciones aplicables al traslado de personas en motocicleta.
Actualmente, el artículo 59 de la Ley de Movilidad permite los servicios de transporte de motocicleta en sus distintas modalidades, con excepción del transporte público de pasajeros. Sin embargo, aplicaciones como Uber y DiDi continúan ofreciendo viajes de este tipo en la Ciudad de México.
De acuerdo con la información incluida en la iniciativa, alrededor de 30 mil motocicletas prestan este servicio en la capital y su zona metropolitana. La mitad de los viajes son realizados por mujeres y 30 por ciento tiene como destino algún Centro de Transferencia Modal (CETRAM).
El documento señala que estos servicios resultan atractivos por su rapidez, menor costo y posibilidad de evitar el tránsito. No obstante, advierte que su disponibilidad en una aplicación puede generar entre las personas usuarias la percepción de que se trata de una modalidad autorizada.
En su iniciativa, Mateos Hernández sostiene que “la tecnología no debe convertirse en una vía para eludir una disposición legal”.
La legisladora explica que la referencia de la ley al “transporte público de pasajeros” ha generado una discusión sobre la naturaleza jurídica de los servicios contratados por aplicaciones, debido a que las empresas los han considerado servicios privados.
Esta interpretación ha sido materia de recursos legales. En julio de 2025, un juez federal concedió un amparo a Uber contra disposiciones del Reglamento de la Ley de Movilidad que impedían registrar motocicletas para prestar servicios mediante plataformas digitales, bajo el argumento de que correspondían al ámbito privado.
Ante ello, la iniciativa busca precisar la legislación para impedir que la forma de contratación o la intervención de una plataforma digital permitan mantener esta actividad fuera de las restricciones aplicables.
Mateos Hernández también advierte sobre los riesgos para las personas usuarias. Según datos de la Secretaría de Movilidad incluidos en el documento, durante el primer trimestre de 2025 se registraron más de 7 mil 500 colisiones con motocicletas, en las que 4 mil 50 personas resultaron lesionadas y 54 perdieron la vida.
La iniciativa refiere el caso de María del Carmen “N”, de 47 años, ocurrido el 24 de julio de 2025, quien murió mientras viajaba como pasajera en una motocicleta solicitada mediante DiDi sobre Paseo de la Reforma. Después de este hecho, la Secretaría de Movilidad reiteró que el transporte de pasajeros en motocicleta por aplicación se encontraba fuera del marco legal.
También menciona los casos de dos personas más que sufrieron lesiones graves mientras utilizaban Uber Moto y DiDi Moto, respectivamente. Ambas requirieron intervenciones quirúrgicas y, de acuerdo con los testimonios incorporados en el documento, no recibieron oportunamente la asistencia anunciada por las plataformas.
Además, los riesgos no se limitan a los hechos de tránsito. En el Estado de México, el 28 de febrero de 2026, Ana Karen Nute Téllez, de 19 años, desapareció después de abordar una motocicleta solicitada mediante DiDi Moto para trasladarse de San Antonio la Isla a Metepec. Su cuerpo fue localizado días después en un predio de San Miguel Totocuitlapilco.
La propuesta incorpora una perspectiva de género, debido a que las mujeres representan aproximadamente la mitad de quienes utilizan estos servicios. La legisladora considera necesario tomar en cuenta su seguridad ante una modalidad que no se encuentra autorizada y que puede implicar accidentes graves y otros riesgos.
En el documento, Mateos Hernández afirma que “ningún ahorro de tiempo o dinero justifica poner en riesgo la vida y la integridad física de quienes utilizan o conducen estos vehículos”.
La iniciativa aclara que la medida no pretende limitar el uso particular de las motocicletas ni afectar las actividades que legalmente pueden realizarse con ellas. Se concentra en el transporte de pasajeros a cambio de una contraprestación mediante una modalidad que no está reconocida por la legislación local.
“La seguridad de las personas debe estar por encima de la conveniencia de llegar unos minutos antes o pagar menos por un traslado”, sostiene la diputada en su iniciativa.
De esta manera, puntualizó que la propuesta busca establecer reglas claras para facilitar la actuación de las autoridades y evitar que las nuevas herramientas tecnológicas sean utilizadas para prestar servicios que la legislación de la Ciudad de México no contempla.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Movilidad para su análisis y dictamen.