Ciudad de México a, 10 de noviembre de 2026 La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, diputada Tania Larios, presentó una iniciativa para prohibir la arquitectura hostil en los espacios públicos de la Ciudad de México, con el propósito de evitar prácticas que excluyen a determinados sectores de la población y limitan su derecho a disfrutar de la ciudad.
La propuesta busca impedir la utilización de elementos como púas metálicas, piedras, barreras físicas y bancas diseñadas para evitar que las personas se sienten, descansen o permanezcan en determinados lugares. Para ello, plantea reformar los artículos 3, 12 y 13 de la Constitución local, a fin de incorporar principios de habitabilidad, bienestar e inclusión ciudadana en el entorno urbano, así como fortalecer la accesibilidad, la equidad, el confort y la perspectiva de género en el derecho a la ciudad.
Asimismo, establece que quienes implementen arquitectura hostil que atente contra los derechos humanos o contra el uso y disfrute del espacio público estarán obligados a la compensación y reparación integral, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que establezcan las leyes. También dispone que las autoridades vigilen y sancionen las actividades relacionadas con esta prohibición.
Esta problemática afecta especialmente a las personas en situación de calle, quienes enfrentan obstáculos para encontrar lugares donde descansar o resguardarse de las condiciones climáticas. De acuerdo con el Censo de Población de Personas en Situación de Calle 2025, elaborado por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, se identificaron 2 mil 869 personas en esta condición. Además, la organización civil El Caracol informó que el 21 por ciento de los fallecimientos de personas en situación de calle registrados en México durante 2025 ocurrió en esta entidad.
La arquitectura hostil también afecta la vida cotidiana de otros sectores de la población. Para las personas adultas mayores, las bancas inclinadas o incómodas dificultan el descanso durante sus recorridos, mientras que las personas con discapacidad pueden encontrar obstáculos que limitan su movilidad y autonomía. Estas condiciones restringen el aprovechamiento de parques, plazas, calles y otros espacios de convivencia, al privilegiar diseños que desalientan la permanencia en lugar de facilitar su uso por todas las personas.
El espacio público debe ser un lugar de encuentro, descanso y convivencia, no un mecanismo de exclusión. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI reafirma su compromiso con el derecho a la ciudad y con la eliminación de barreras que impidan a las personas transitar, permanecer y disfrutar de los espacios públicos en condiciones de igualdad y dignidad.