Ciudad de México a, 13 de noviembre de 2026. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de la Ciudad de México destaca que, el pasado 12 de noviembre, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) anunció la eliminación de instrumentos del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) que coinciden con tres de las 11 observaciones presentadas formalmente por esta bancada.
El 18 de octubre, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, diputada Tania Larios, remitió al maestro Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, un oficio en el que solicitó eliminar disposiciones del proyecto por considerar que vulneran las facultades constitucionales de las entidades federativas, municipios y alcaldías.
Las tres observaciones que coinciden con los instrumentos cuyo retiro anunció SEDATU son: INCREMENTO PREDIAL; VENTA FORZADA y GRAVAMEN AL DESPERDICIO URBANO.
El subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda de la SEDATU, José Alfonso Iracheta Carroll, explicó que los ajustes considerarán las observaciones de grupos sociales e indígenas, legislaturas y gobiernos locales recibidas durante la consulta pública, iniciada el 24 de septiembre y cuya conclusión está prevista para el 22 de noviembre.
No obstante, aún no se ha confirmado el retiro de los otros ocho elementos cuya eliminación solicitó el PRI:
1. CAMBIOS DE USO DE SUELO FORZADOS;
2. ZONIFICACIÓN FLOTANTE Y RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS;
3. COBRO POR PISOS DE MÁS;
4. ORGANISMO PARA LA GESTIÓN, RECUPERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DEL SUELO;
5. PRECIOS MÁXIMOS DE VENTA;
6. PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE EMPRESAS,
ORGANISMOS Y CONSORCIOS;
7. SIN CONSULTA INDÍGENA PREVIA; y
8. FIDEICOMISO DEL VALLE METROPOLITANO.
El Grupo Parlamentario del PRI se mantendrá vigilante de que la versión definitiva del POZMVM no incorpore disposiciones que vulneren las facultades constitucionales de las entidades federativas, municipios y alcaldías. Asimismo, insistirá en que se atiendan las 11 observaciones presentadas y se garantice la participación de las autoridades locales en la formulación y aprobación del programa, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.