El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, Juan Pablo Albán, emitió un mensaje para precisar el alcance y fundamento de la decisión adoptada por dicho órgano bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en el contexto del debate público generado por las declaraciones del Gobierno de México.
Albán subrayó que los órganos de tratado forman parte del Sistema de las Naciones Unidas, al ser mecanismos creados por los propios Estados miembros para supervisar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Recordó además que las y los integrantes del CED son elegidos por los Estados parte, y que actúan con independencia, pero dentro del marco institucional de la ONU.
Respecto al artículo 34, explicó que este faculta al Comité a llevar la situación ante la Asamblea General de la ONU, cuando recibe información con indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático. Aclaró que la decisión adoptada recientemente no constituye una remisión a la Oficina del Alto Comisionado, sino una comunicación dirigida al máximo órgano deliberativo de la ONU.
El presidente del CED señaló que el análisis del Comité no se limita a un periodo específico, sino que evalúa la evolución de la situación hasta la actualidad, con base en el diálogo sostenido con el Estado mexicano desde 2012. Destacó que el propio documento reconoce el incremento sostenido del número de personas desaparecidas, que supera las 132 mil personas registradas a febrero de 2026, así como el aumento de restos humanos sin identificar, estimados en alrededor de 72 mil a inicios de este año.
Albán reconoció que el desacuerdo entre el Comité y los Estados es legítimo dentro del diálogo internacional, pero consideró que la descalificación institucional resulta cuestionable, ya que es fundamental preservar el respeto hacia los órganos de supervisión de derechos humanos y su independencia, conforme a las Directrices de Addis Abeba.
Finalmente, reiteró que los objetivos comunes entre el CED y los Estados parte deben ser fortalecer la prevención de las desapariciones forzadas, buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos y erradicar este fenómeno, siempre en beneficio de las víctimas y sus no familias.