• Panistas acusan a MORENA de «omisión legislativa sistemática» en materia de Ordenamiento Territorial.
• Utilizaron al ajolote sólo como herramienta propagandística y símbolo de la corrupción de Raúl Basulto de la Secretaría de Obras.
A pesar de que el plazo legal venció hace 6 años, la Ley de Ordenamiento Territorial sigue atorada en el Congreso CDMX por una omisión legislativa de Morena que afecta la certeza jurídica y el derecho humano a la ciudad.
Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN CDMX, cuestionó la falta de seriedad en este tema. “Al puritito estilo de Morena, hacer todo rápido sin consulta ni consenso, hoy en día no tenemos una ley que verdaderamente nos pueda ayudar con una planeación de Ciudad”.
La panista apuntó que MORENA tiene responsabilidad ya que, como mayoría parlamentaria durante las últimas legislaturas, tiene el control de la agenda legislativa y de los órganos de gobierno.
“Pero Morena y sus aliados no han querido incluir la creación de la Ley de Ordenamiento Territorial en sus agendas legislativas de 2024, 2025 y 2026, no se han realizado las consultas obligatorias ni se han destinado recursos para cumplir con el mandato legal”.
Federico Döring, diputado federal y vocero del PAN CDMX, añadió que desde el 2018, que entró en vigor la Constitución de la Ciudad, el Congreso local debió de haber hecho una Ley de Ordenamiento Territorial.
“Pero van a pasar dos sexenios sin ningún avance, porque en vez de hacer la ley se han gastado nuestros impuestos en ajolotizar la Ciudad con los colores que no servían y tuvieron que cambiar”.
Agregó: qué ironía que utilizan al ajolote como especie endémica de identidad de la Ciudad, pero no quieren hacer la consulta a Pueblos y Barrios Originarios para poder hacer esta Ley de Ordenamiento Territorial.
“¿Por qué no quieren consultar a los Pueblos y Barrios?, si supuestamente el ajolote lo retoman como parte de nuestra cultura idiosincrasia y tradiciones de la Ciudad.
Entre las consecuencias legales y sociales, se encuentra un vacío legal: se sigue aplicando la Ley de Desarrollo Urbano de 2010, la cual es incompatible con el marco constitucional de 2017.
Además, de inseguridad jurídica, ya que expertos académicos advierten que los instrumentos de planeación actuales (Plan General de Desarrollo y Programa General de Ordenamiento Territorial) carecen de un soporte legal adecuado, lo que fomenta la corrupción inmobiliaria.
Hay violación de derechos porque se le está negando el derecho de los pueblos y barrios originarios a una participación vinculante en la gestión de su territorio al no realizarse la consulta mandatada.