Ciudad de México, a 08 de mayo de 2026. Durante los gobiernos del PRI, México organizó dos mundiales de futbol y una olimpiada sin detener el país ni sacrificar la educación de millones de estudiantes. Las escuelas permanecieron abiertas y el derecho a la educación se garantizó en todo momento.
Morena gobierna con ocurrencias, improvisa ante cada reto y siempre termina afectando a quienes más necesitan apoyo. La educación no puede seguir siendo víctima de un gobierno incapaz de garantizar condiciones mínimas para el aprendizaje. México necesita gobiernos que resuelvan, no gobiernos omisos ante las necesidades de la sociedad.
El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México expresa su preocupación por la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 05 de junio, argumentando las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol.
La educación de millones de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad nacional y no puede quedar sujeta a decisiones improvisadas ni a medidas que afectan directamente el calendario escolar y el aprendizaje de los estudiantes.
La realización de partidos mundialistas en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León exige planeación y coordinación institucional, pero no justifica afectar de manera generalizada el desarrollo académico de más de 23 millones de estudiantes en el país.
Asimismo, las altas temperaturas evidencian una problemática que durante años no ha sido atendida con seriedad: la falta de inversión suficiente en infraestructura educativa adecuada para enfrentar condiciones climáticas extremas. Miles de escuelas continúan operando sin las condiciones necesarias para garantizar espacios seguros y dignos para estudiantes y docentes.
México enfrenta además importantes retos educativos. Distintos organismos internacionales han advertido retrocesos en áreas fundamentales como matemáticas, ciencias y comprensión lectora, por lo que cualquier decisión que reduzca el tiempo efectivo de aprendizaje debe analizarse con responsabilidad y visión de largo plazo.
La educación requiere políticas públicas serias, planeación y soluciones de fondo. Nuestro país necesita autoridades capaces de garantizar el derecho a aprender sin improvisaciones ni decisiones que profundicen el rezago educativo.