«Parecía que estaban golpeando a las mujeres y muchos hombres tenían esposas e hijas del otro lado; y muchos hombres pedían información sobre lo que estaba pasando en el área de mujeres y los agentes de migración no les decían nada solo gritaban: ‘cállate hondureño’”
Testimonio tomado del informe Albergues La detención migratoria en México
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el 26 de Junio nos pronunciamos ante la creciente macropolítica gestada por los Estados de la región, que instrumentaliza la detención migratoria para castigar y romper la voluntad de las personas migrantes, disuadirles de ejercer sus derechos y desistir de sus proyectos migratorios y/o de vida.
En los últimos meses hemos sido testigos de cómo a través de acuerdos bilaterales, por presiones diplomáticas, económicas y arancelarias México y diversos países de Centro y Sudamérica han tenido que acatar estas políticas de muerte impuestas por el gobierno de Estados Unidos.
El 21 de enero del 2025, el presidente Donald Trump, a tan sólo unas horas de su toma de posesión, firmó una avalancha de órdenes ejecutivas, en las que determinó como emergencia nacional la situación en la frontera y la migración, selló sus fronteras con militares y declaró a los grupos pandilleriles y personas pertenecientes al crimen organizado como terroristas desde entonces las leyes antimigratorias y antiderechos no ha cesado.
Se habilitó la Base Naval de Guantánamo como un centro de detención para personas migrantes considerados “delincuentes de alta prioridad”, el 4 de febrero fue trasladado el primer grupo sin que hasta la fecha se sepa quienes son las personas detenidas en este lugar.
A Guantánamo se suma el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), pese a la batalla legal que existe en EE.UU. al respecto de estas deportaciones, han sido trasladados y detenidos diversos grupos, el primer fue mediaticamente expuesto, esposados, rapados y encerrados sin contacto con el exterior ni acceso a representación legal, sin que sus familias fueran notificadas y muchas se enteraron por los medios de comunicación.
Además EE. UU. ha financiado programas y acuerdos con otros países como Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá para detener la migración.
A esta estrategia se añaden los planes de abrir el Centro en los Everglades, Florida: Apodado el “Alcatraz de los caimanes”, un nuevo centro de detención que se construye en una zona remota, pantanosa e infestada de caimanes y serpientes pitones que de acuerdo con el fiscal general del estado de Florida, James Uthmeier, serán usados como una estrategia de disuasión migratoria.
En México, el panorama no es distinto, las personas en contexto de movilidad continúan sufriendo graves violaciones a los derechos humanos en detención migratoria.
A pesar de los intentos del Estado por maquillar su naturaleza carcelaria bajo eufemismos como “albergues” o “espacios de alojamiento”. Estos centros siguen operando bajo una arquitectura de control punitivo que en este momento pasa desapercibida al ojo público.
En estos espacios, la tortura se manifiesta en multiples actos que en su conjunto conforman entornos de tortura tales como: el uso desproporcionado de la fuerza, privación del sueño, alimentos en mal estado, falta de insumos de higiene personal y de gestión menstrual, falta de privacidad, sin comunicación con el exterior, ausencia de intérpretes, negación a atención medica, abuso sexual, violaciones, aislamiento forzado, e incluso castigos físicos.
Lo anterior no son hechos aislados, sino parte de una maquinaria burocrática que reduce a las personas migrantes a cuerpos desechables dentro de una lógica necropolítica, donde el Estado decide quién merece ser visible y quién puede ser privado de su libertad de manera prolongada o abandonado hasta su muerte.
Las masacres de Ciudad Juárez y las muertes en otros centros de detención migratoria son ejemplos de una violencia normalizada, donde la muerte bajo custodia se vuelve una consecuencia aceptada de la política migratoria.
México cuenta con el sistema de detención migratoria más grande y opaco de América Latina:
54 centros de detención distribuidos en el territorio nacional, donde la opacidad es la norma.
Solo 12 organizaciones en todo el país tienen acceso limitado para monitorear estas instalaciones, y persiste una ausencia crónica de monitoreo independiente por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT). A esto se suma el constante hostigamiento a quienes realizan labores de monitoreo e incluso la obstaculización de su trabajo a través de barreras burocráticas y difamación.
En este contexto de impunidad, las personas en movilidad son sometidas a tortura psicológica que se manifiesta en: presión para que desistan de sus solicitudes de asilo o regularización, siendo amenazadas con detenciones prolongadas si no abandonan sus trámites.
En ocasiones, la detención se utiliza para presionar a sus familiares a contratar servicios legales privados que gestionen su liberación por medio de amparos.
Al inicio del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, más de 350 agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron destituidos por incurrir en actos de corrupción.
Las violaciones a derechos humanos y la tortura en centros de detención migratoria persisten a pesar de los cambios de gobierno, lo que refuerza la impunidad.
El Estado mexicano simula sanciones contra funcionarios señalados, destituyéndolos para luego reubicarlos en otros estados y cubriendo con recursos públicos el seguimiento de sus procesos judiciales o, simplemente, dejando sin respuesta la responsabilidad de los culpables, como en el caso del exdelegado del INM, Francisco Garduño Yáñez.
Frente a esta realidad, se exige el cierre definitivo de este modelo de detención migratoria basado en entornos torturantes, la investigación independiente de las muertes bajo custodia y la sanción a los responsables, demandan acceso irrestricto para organizaciones de sociedad civil a las estaciones migratorias, así como la implementación de otros modelos de gestión migratoria, en los cuales se contemple abolir cualquier forma de privación de libertad por motivos migratorios, y transitar hacia políticas públicas de regularización, integración y respeto pleno de los derechos humanos de las personas en movilidad.
Hoy recordamos a las víctimas de este sistema, a quienes han sido convertidas en invisibles, en números sin nombre dentro de una maquinaria diseñada para excluir y expulsar.
Su dolor no es un error del sistema, sino su funcionamiento normal.
Firman
La Organización Mundial Contra la Tortura: OMCT
International Detention Coalition
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.