– _El diputado Alejandro Carbajal González advirtió de manera que no se encubrirá a ningún funcionario_
Las y los diputados de la transformación exigieron una investigación exhaustiva por parte de autoridades financieras y fiscalizadoras, ante presuntas irregularidades y una red de corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), que no es reciente, pues hay empresas que han sido proveedoras desde hace décadas.
Al presentar un punto de acuerdo, el diputado Alejandro Carbajal González, denunció la existencia de un entramado jurídico y la creación de empresas «fachada» para triangular recursos públicos a través de contrataciones para materiales electorales.
Específicamente, apuntó a la empresa de los Hernández Casillas, la cual ha sido proveedora del órgano electoral, antes IFE, hoy INE, durante 40 años.
«Lo menos de lo cual estamos hablando es delincuencia organizada, lavado de dinero y uso indebido de la función pública», aseveró el diputado.
El legislador advirtió de manera categórica que no se encubrirá a ningún funcionario implicado y que quienes resulten responsables deberán ser llevados ante la justicia.
Subrayó que esta exigencia abarca tanto la actual gestión de Guadalupe Taddei como las administraciones anteriores, incluyendo la de Lorenzo Córdova Vianello.
El legislador señaló que las recientes revelaciones sobre el órgano electoral son «tan solo la punta del iceberg» y afirmó que no se defenderá absolutamente a nadie, por lo que deberán asumir las consecuencias legales de estos actos.
Para esclarecer estos hechos, el legislador solicitó formalmente la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control del INE, para que, en el ámbito de sus atribuciones y respetando la autonomía del instituto, inicien o continúen las auditorías sobre los procedimientos de contratación, el manejo de recursos y los posibles conflictos de intereses.
«Debemos dejar en claro que no se va a solapar absolutamente a nadie», reiteró Carbajal González, instando a que se identifiquen las deficiencias de control que permitieron estas conductas.
Finalmente, exigió que se ejerzan las acciones legales correspondientes para la recuperación de los recursos públicos.
El punto de acuerdo se aprobó y fue remitido a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.