Ciudad de México, a 20 de febrero de 2024. El propio titular de la demarcación territorial, Luis Mendoza Acevedo, participó en la acción en el que se reportaron agresiones y abuso de autoridad por parte de funcionarios de la alcaldía, así como la presunta participación de grupos de choque.
Las agresiones durante el operativo de desalojo y reordenamiento urbano realizado en la calle Real de Mayorazgo “son actos públicos opuestos al derecho que tienen todas las personas a una vida libre de violencias, así como a los derechos humanos a no ser privados del producto de nuestro trabajo y a no ser privado de nuestras propiedades”, aseguró la diputada promovente, Cecilia Vadillo Obregón
El Congreso capitalino hizo un exhorto al alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, para que dé un informe detallado sobre el operativo de recuperación de la vía pública implementado el 10 de febrero de 2025 en las inmediaciones del centro comercial “Plaza Mitikah”, en el que se reportaron agresiones y abuso de autoridad por parte de funcionarios de la alcaldía, así como la presunta participación de grupos de choque.
El punto de acuerdo, promovido por la diputada Cecilia Vadillo Obregón, aludió a los detalles de esta acción encabezada por el alcalde panista en la que se registraron agresiones y abusos de autoridad por parte de su equipo de trabajo contra las personas comerciantes que se negaban a abandonar sus espacios de trabajo.
Las agresiones en las que habrían incurrido las autoridades de la alcaldía Benito Juárez durante el operativo de desalojo y reordenamiento urbano realizado en la calle Real de Mayorazgo “son actos públicos opuestos al derecho que tienen todas las personas a una vida libre de violencias, así como a los derechos humanos a no ser privados del producto de nuestro trabajo y a no ser privado de nuestras propiedades, sino mediante juicio seguido ante los tribunales”.
“Pese a las evidencias de abuso de autoridad, las cuales circularon ampliamente en redes sociales, el alcalde Mendoza anunció su intención de interponer denuncias contra las personas que participaron en las agresiones.
“No obstante, los comerciantes afectados han señalado que la alcaldía, lejos de seguir un proceso de regularización conforme a la ley, ha impuesto cuotas ilegales por el uso del espacio público, lo que constituye un acto de extorsión; además se les quiere obligar a afiliarse a las agrupaciones políticas afines al alcalde”, afirmó Vadillo.
La legisladora por Miguel Hidalgo reconoció la importancia de los esfuerzos para ordenar el espacio público, no obstante, pidió ejecutarlos vigilando el máximo respeto a los derechos humanos, sin provocaciones, ni ningún tipo de violencia.
“Esto es especialmente importante cuando, en la aplicación de las medidas, se encuentran mujeres, niñas y niños. Sin embargo, este no fue el caso con lo acontecido en Plaza Mitikah, pues existen testimonios de golpes y agresiones contra mujeres y niños que acompañaban a los comerciantes durante la realización del operativo.
“Estos abusos de la fuerza pública implican graves violaciones a las disposiciones que protegen a estos grupos contra hechos de violencia. Las y los comerciantes denunciaron que el operativo se llevó a cabo de manera unilateral, sin previo aviso y en contravención de los acuerdos establecidos en mesas de trabajo con la Subsecretaría de Programas de Alcaldías de la Ciudad de México. Este incumplimiento por parte de la alcaldía evidencia una falta de disposición al diálogo y una violación a los derechos de quienes dependen del comercio para su sustento”, apuntó.
Además, las personas afectadas denunciaron la participación de un grupo de choque identificado como “Los Lobos”, presuntamente coludido con inspectores de la alcaldía. Este grupo, subrayó Vadillo, ha sido señalado en reiteradas ocasiones por cometer agresiones físicas y realizar cobros indebidos a vendedores. La presencia de estos individuos en operativos oficiales debe tomarse con alarma, pues sugiere una posible complicidad entre autoridades locales y grupos de choque.
El operativo, además de personas lesionadas y afectadas en sus propiedades, generó severos problemas de movilidad y congestionamiento vial, lo que evidencia la falta de planeación de este.
Las y los comerciantes afectados, sus familias y otros sectores de la población que se han solidarizado con su causa, llevaron a cabo movilizaciones para exigir justicia ante los agravios, así como respeto a sus derechos de asociación y empleo digno.
Cabe recordar que el 18 de febrero se registró una concentración a las afueras de este Congreso que condujo a una reunión de trabajo con representantes de las personas afectadas y legisladores de Morena.
En esta reunión se recabó información sobre los abusos cometidos por las autoridades de la alcaldía Benito Juárez, destacando su amenaza a las y los comerciantes para abandonar sus organizaciones, pues esta sería la única vía para evitar más desalojos.