• El punto de acuerdo promovido por la diputada Valentina Batres busca evitar la difusión de información falsa sobre las reformas legislativas discutidas y aprobadas por el propio órgano legislativo, particularmente sobre la del artículo 132 del Código Fiscal de la Ciudad de México
• El legislador panista Diego Orlando Garrido López ha difundido información falsa, en el sentido de que tal reforma conduciría a expropiaciones masivas de propiedades, entre otras falacias
Ciudad de México, a 20 de febrero de 2025. El Congreso de la Ciudad de México exhortó al Grupo Parlamentario del PAN a conducirse con responsabilidad parlamentaria y respeto a la ética legislativa, a fin de evitar la difusión de información falsa sobre las reformas legislativas discutidas y aprobadas por el propio órgano legislativo.
El exhorto, promovido por la diputada Valentina Batres Guadarrama, exige, además, respetar el derecho de la ciudadanía a acceder a información veraz, y cesar la difusión de afirmaciones falsas y alarmistas sobre la reforma al artículo 132 del Código Fiscal de la Ciudad de México, con el objeto de que las declaraciones públicas de sus legisladores, especialmente las del diputado Diego Orlando Garrido López, se ajusten a hechos verificables y no a burdas estrategias de desinformación.
Asimismo, lo conmina a conducirse conforme al Código de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso local, y así evitar la manipulación de la información como herramienta política, con el fin de contribuir a un debate legislativo informado, con argumentos sustentados en evidencia y no con el uso de especulaciones, con el objetivo de fortalecer la confianza pública en las instituciones.
Al hacer uso de la palabra, Valentina Batres desarticuló las mentiras difundidas por Garrido López: que la reforma implica la expropiación de viviendas. “No hay una sola línea que hable de ello. Lo que hay es terror discursivo”; que ataca y pone en riesgo la propiedad; “no pone en riesgo nada. Se trata de una declaración informativa que alcanza a tres de cada 10 cuyo valor catastral supera los 4.5 millones de pesos de valor catastral”, refutó Batres.
Que a quien no brinde la información se le impondrá una multa de 10 mil pesos. “No hay ninguna posibilidad de multar a quien incumpla con informar”, atajó la legisladora.
Que la reforma es una medida de control gubernamental. “Al contrario, fomenta el respeto a la propiedad y mejora la información estadística para ejercer el principio de justicia tributaria”.
Finalmente, la legisladora aseguró que Garrido propone derogar la disposición en cuestión, lo cual promueve sus propios intereses, de despachos jurídicos y de desarrolladoras inmobiliarios, mediante una iniciativa propuesta por él mismo, carente de todo sustento jurídico.
“La información solicitada es sólo catastral. Tampoco implica una carga impositiva. La reforma no discrimina, pues la información que pide es para que el impuesto predial sea justo. La justicia tributaria no es un ataque a la propiedad privada.
“Esta serie de ataques y mentiras vulnera la confianza de la sociedad y convierte el debate público en un circo de mentiras. El PAN debe asumir su responsabilidad parlamentaria y tiene derecho a no estar de acuerdo con las reformas, no así a mentir abiertamente para generar miedo en la sociedad. ¡Basta de mentir, basta de traicionar la confianza del pueblo!”, instó Batres Guadarrama.
La legisladora recordó que, en toda democracia representativa, la relación entre la ciudadanía y sus representantes se fundamenta en la confianza pública, pues sostiene la legitimidad de las instituciones.
“La ciudadanía delega en sus legisladores la facultad de legislar en su nombre, bajo el entendido de que actuarán con responsabilidad, ética y compromiso con el bienestar común.
“Sin embargo, cuando los legisladores utilizan su posición de poder para desinformar, manipular y tergiversar la realidad, erosionan esta confianza, debilitando la legitimidad de las instituciones democráticas y promoviendo un clima de desconfianza e incertidumbre”, advirtió.
Batres reveló que el caso de Garrido es claro ejemplo de cómo la desinformación legislativa puede convertirse en un arma política para tergiversar la realidad y confundir a la ciudadanía.
Añadió que resulta particularmente grave que el panista haya generado pánico sobre una reforma cuya implementación aún está en proceso de definición, ya que las reglas de carácter general que determinarán cómo se aplicará la disposición aún no han sido publicadas. No obstante, “esto no ha impedido que el legislador difunda afirmaciones infundadas, presentando escenarios catastróficos sin ninguna base jurídica”.
“Resulta preocupante que un legislador con formación en Derecho ignore deliberadamente el proceso legislativo y administrativo para manipular la opinión pública. Y si no lo ignora y lo hace de manera premeditada, el problema es aún más grave, pues estaríamos ante una conducta irresponsable con el único fin de obtener rédito político”, subrayó.