* El exhorto busca que el DIF Nacional supervise y evalúe las actividades asistenciales del Nacional Monte de Piedad
* Se denunciaron irregularidades laborales y un uso ineficiente de recursos, además de que más de 1,700 trabajadoras y trabajadores del Nacional Monte de Piedad permanecen en huelga desde el 30 de septiembre
Ciudad de México a 6 de noviembre de 2025. El Congreso de la Ciudad de México votó a favor de aprobar el punto de acuerdo presentado por el diputado Juan Estuardo Rubio Gualito, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, mediante el cual se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) a supervisar y evaluar las actividades asistenciales del Nacional Monte de Piedad.
El objetivo es verificar la correspondencia entre los beneficios fiscales que recibe y el cumplimiento de su objeto social, ante las denuncias por irregularidades laborales y uso ineficiente de recursos.
En tribuna Rubio Gualito denunció que más de mil 700 trabajadoras y trabajadores mantienen una huelga activa desde el 30 de septiembre, derivada del incumplimiento de acuerdos, la eliminación de derechos adquiridos y el hostigamiento sindical. “No es una huelga más; es la expresión legítima de una base trabajadora que fue desoída durante más de cuatro años. Ninguna institución, por histórica que sea, está por encima de la ley ni puede sostenerse a costa de los derechos laborales”, expresó.
El Nacional Monte de Piedad, una institución con más de dos siglos de existencia, se ha desviado de su vocación fundacional al operar como una entidad financiera de carácter privado, cobrando tasas de interés que superan las de los bancos y destinando menos del tres por ciento de sus ingresos a labores asistenciales, pese a gozar de exenciones fiscales equivalentes a más del 40 % de sus ingresos anuales.
El punto de acuerdo busca que el DIF Nacional, como órgano rector del Sistema de Asistencia Social, ejerza sus facultades de vigilancia y evaluación sobre las instituciones privadas que reciben beneficios fiscales. “Si se detectan desviaciones, que se corrijan; si hay incumplimientos, que se sancionen; y si no hay congruencia entre su mandato y su práctica, que se revisen sus privilegios fiscales”, enfatizó el legislador.
Finalmente, reiteró que esta resolución no solo busca atender un conflicto laboral, sino el principio de justicia social en el que se sustenta la Cuarta Transformación: “Hoy defendemos el derecho a huelga, el derecho a organizarse y el principio de que nadie puede beneficiarse del dinero público sin rendir cuentas al pueblo”, concluyó.