Personas condenadas por violencia sexual o familiar, o que no cumplan con sus
responsabilidades alimentarias, no podrán contender a cargos de elección popular
22.05.24. En el tercer año de la II Legislatura, el Congreso capitalino aprobó un dictamen, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas y de Asuntos Político–Electorales, que reformó y adicionó diversas disposiciones a la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de 3 de 3 contra la violencia de género.
El dictamen analizó tres iniciativas en este rubro, suscritas por el diputado Jorge Gaviño Ambriz y las diputadas Gabriela Quiroga Anguiano y Martha Soledad Avila Ventura.
Al presentar el dictamen, el diputado Diego Orlando Garrido López, presidente de la
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, argumentó que ninguna persona agresora o ausente con sus responsabilidades alimentarias es idónea para ejercer cargos públicos.
El legislador Gaviño Ambriz aseguró que con la iniciativa 3 de 3 se homologa la
Constitución local con la Carta Magna federal, para establecer que todos los servidores públicos, no solamente los titulares de las dependencias, deben cumplir esta norma.
La congresista Avila Ventura expresó que esta reforma evita que los agresores ocupen cargos públicos en cualquiera de las instituciones de la capital, y representa un avance legislativo en contra de la impunidad de quienes cometen delitos por razones de género.
El dictamen aprobado estableció la prohibición para el desempeño de cargos en el servicio público y para el registro de candidaturas a cargos de elección popular para quienes cuenten con condenas o sanciones mediante resolución firme por delitos contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, o se encuentren inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
La diputada Quiroga Anguiano reconoció que se contribuye a la construcción de un
entorno en que las mujeres ejerzan sus derechos sin miedo ni violencia, y recalcó que este avance es resultado de una larga lucha feminista para evitar que un agresor llegue al poder.
La reforma fortaleció el marco normativo, a efecto de prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia política en razón de género para asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el ámbito político.
