Ello en materia de nulidad de elecciones por intervención extranjera; también se estableció un tope al Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo local.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó este martes -con 40 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones- un dictamen de reformas a la Constitución Política capitalina para armonizarla con la Carta Magna Federal, en materia de nulidad de elecciones por intervención extranjera, y también para establecer un tope al Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo local.
En el marco del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, que se llevó a cabo en el Salón “Nelson Mandela”, el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez presentó el dictamen de modificación a los artículos 27, 29 y 46 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
A nombre de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, explicó que la reforma establece como causa de nulidad electoral cualquier intervención extranjera que influya en los resultados de una elección en la capital del país.
Además, que se fija un límite de 0.7 por ciento al Presupuesto de Egresos del Congreso capitalino y se prohíbe que los organismos autónomos destinen recursos públicos a seguros de gastos médicos mayores, planes privados de pensiones o prestaciones extraordinarias no contempladas en la ley. Ello con el objetivo de fortalecer la austeridad, la transparencia y el uso responsable del dinero público.
Al concluir su intervención, la diputada priísta Tania Nanette Larios Pérez presentó una moción suspensiva a este dictamen, pero fue desechada por la mayoría del Pleno Legislativo.
Posteriormente, pasaron al frente siete legisladores de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso local para manifestarse a favor y en contra de estas reformas constitucionales.
Por MORENA, los diputados Paulo Emilio García González y Ángel Augusto Tamariz Sánchez defendieron las modificaciones al máximo instrumento legal de la capital. El primero argumentó que, además de la causal de nulidad electoral ante una intervención extranjera, se incorporan principios de igualdad sustantiva y perspectiva de género; se fijan límites al gasto del Congreso capitalino, y se impideque consejeros electorales y magistrados reciban salarios o prestaciones superiores a las de la Presidenta de México.
Mientras que su compañero acusó al PRI, PAN y MC de estar desconectados de la gente y no entender el rechazo de ésta al intervencionismo en las elecciones, como lo ha hecho Estados Unidos en Brasil, Colombia, Perú y Chile.
En el turno del PAN, el legislador Andrés Atayde Rubiolo afirmó que la propuesta de causal de nulidad compromete la certeza jurídica y genera incertidumbre para México, al contener ambigüedades que podrían convertirse en instrumentos de discrecionalidad política. En ese contexto, aseguró que nadie en Acción Nacional está a favor de la injerencia extranjera.
A su vez, la panista Olivia Garza de los Santos coincidió que dicha causal se convertirá en un instrumento de control político, y agregó que la reforma no surge de una exigencia ciudadana ni para resolver un vacío electoral, sino de un contexto donde se cuestiona cada vez más al gobierno.
El congresista Royfid Torres González, de MC, sostuvo que no se trata de una reforma que cambie la vida de la ciudad, ya que es un proyecto que abarca muchas materias con la intención de hacerla sustancial. Sin embargo, apuntó que va en contra de todo lo que establecen los procesos para generar propuestas, por lo que se necesitan diversas reformas para cada una de las iniciativas que se presentaron.
Por su parte, el priísta Omar García Loría cuestionó si se considerará injerencia extranjera una declaración emitida desde otro país, un informe de observación electoral o una opinión de un organismo internacional. En ese contexto, externó su preocupación de que el dictamen establece que la disposición será aplicable incluso antes de que se realice la adecuación de las leyes secundarias correspondientes.
De la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT), el diputado Alejandro Carbajal González señaló que la democracia en América Latina no debe estar condicionada por los intereses de una potencia. Subrayó que si un pueblo toma una decisión, ese mandato debe respetarse sin que ningún otro país tenga derecho a intervenir.